Traducción, documentación jurídica y … la otra punta de Europa

¿Traductor oficial?

diciembre 30th, 2012 | by | registro civil, traductor oficial, traductor-intérprete jurado

Dic
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Recientemente tuve que acudir a un Registro Civil, en una ciudad que ronda el millón de habitantes. Por tanto supongo que es un Registro Civil de importante actividad. Mientras me atendían, pude escuchar cómo en otra taquilla una funcionaria le decía a un ciudadano extranjero (que aparentemente no dominaba el castellano) que el documento que aportaba no era válido, pues lo tenía que traer acompañado de una traducción hecha por un ” traductor oficial”. Como ya había oído hablar de ese término en otras ocasiones, no pude contener mi curiosidad y pregunté a la funcionaria que me estaba atendiendo qué era eso del “traductor oficial” que exigía su compañera casi dando voces en aquella oficina. La funcionaria se alejó para preguntar a diversos compañeros, y finalmente acudió con la que, supuse, era la encargada o jefa del turno, la cual me dio la razón al afirmar que, evidentemente, se trata de un “traductor jurado”: si el Registro Civil requiere que un documento se aporte con la traducción correspondiente para un trámite de los que allá se realizan, la traducción deberá ser la de un traductor jurado (o, para ser  más exacto, traductor-intérprete jurado).

Hice ver a la encargada que pedir una traducción de un “traductor oficial” a los usuarios sólo puede llevar a confusión y que éstos pierdan el tiempo tratando de dilucidar de qué demonios les hablaban en el Registro Civil. Mi sorpresa fue enorme cuándo la funcionaria que me atendía desde el principio me preguntó qué era eso del “traductor jurado”. Se lo expliqué con detalle, para que le quedase bien claro.

Por mi propia experiencia, uno de los organismos oficiales a los que más frecuentemente se aportan traducciones juradas es, precisamente, el Registro Civil (para matrimonios, expedientes de nacionalidad, etc). Que allá no sepan lo que es un traductor jurado no deja de ser curioso, por no decir otra cosa.

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Cuándo hay que apostillar un documento antes de su traducción jurada

octubre 10th, 2012 | by | apostilla, canje de notas, convenio, documento público, legalización, notario, registro civil, traductor-intérprete jurado

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Los traductores nos topamos con frecuencia con consultas respecto a la eficacia de los documentos públicos de un país en el extranjero. Supongamos que una empresa española planea constituir una sociedad limitada en Rusia con un socio ruso, para lo cual le piden toda una serie de documentos (escritura de constitución, poderes de representación, extractos del Registro Mercantil, etc). ¿Qué formalidades son necesarias para que dichos documentos sean aceptados por las autoridades rusas competentes? Aparte de la necesidad de que los documentos españoles cuenten con la correspondiente traducción jurada, está la obligación de legalizar los originales. Hasta hace unas décadas sólo existía la opción de la legalización diplomática, pero desde 1961 existe la apostilla, nacida del Convenio sobre Supresión de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, otorgado en La Haya el 5 de octubre de 1961. La apostilla es una especie de certificado que se añade al documento que ha de surtir efectos en el extranjero. Las autoridades competentes para expedir apostillas son distintas según el país y el tipo de documento de que se trate.

Primera observación: estamos hablando exclusivamente de documentos públicos, pues es evidente que los documentos privados (contratos, documentos de empresa, correspondencia, etc) no requieren ningún tipo de legalización.

Segunda observación: la apostilla se aplica a una lista de documentos públicos, como es la que establece el artículo 1 de la citada Convención, a saber: 1) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial 2) Los documentos administrativos 3) Los documentos notariales 4) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Tercera observación: existen excepciones a los supuestos indicados: 1) El Convenio no se aplica a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera 2) La apostilla no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento.

Por último, como es evidente, la apostilla sólo tiene validez allá donde sea de aplicación el Convenio. España es uno de los Estados contratantes, y también lo son la mayoría de los países de la ex-URSS (la excepción la conforman actualmente Tayikistán y Turkmenistán).

En la práctica, estamos hablando de un sinfín de documentos que necesitan apostilla. Se trata de un trámite adicional, no muy costoso, pero que en algunos casos retrasa varios días la obtención de un documento eficaz, sobre todo si la autoridad que expidió el original se encuentra en un lugar alejado. Pero siempre es importante cerciorarse de que el documento necesitará ser apostillado para su validez en el país de destino. Si el documento necesita ser apostillado, de poco valdrá la traducción jurada del mismo si no tiene la apostilla, cuyo contenido también se traduce.

Ahora bien, es cierto que en la práctica diaria traducimos documentos que deberían ir provistos de apostilla en principio, pero el cliente no la aporta. Si es evidente que la va a necesitar, debemos advertirle de ello. Otras veces, el cliente quiere una traducción jurada, pero no la va a presentar a una autoridad oficial, sino a un notario, a una escuela privada o a una empresa…en definitiva, existe toda una casuística. Lo más apropiado es, en todo caso, partir del principio general de que todos los documentos públicos requieren apostilla (salvo las excepciones que establece el Convenio), y advertir al cliente de ello.

Por otro lado, pueden existir acuerdos bilaterales que dispensen de legalización a ciertos documentos. En este sentido, es de gran importancia práctica el Canje de Notas entre la URSS y España, sobre Supresión de legalizaciones y expedición de certificaciones del Registro Civil (BOE 18.04.1985). Este documento implica que las certificaciones del Registro Civil de Rusia serán admitidas por España sin necesidad de legalización, y viceversa. Los certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio, fe de vida y estado, etc, no requieren legalización (léase apostilla) entre España y Rusia.

 

 

 

 

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Un término que da lugar a confusión: Arbitrazhniy sud (Арбитражный суд)

abril 24th, 2012 | by | arbitraje, arbitrazh, diccionarios, ministerio de asuntos exteriores, ruso, traducción, traducción jurídica, traductor-intérprete jurado, tribunal arbitral, uncategorized, арбитраж, арбитражный суд, русский

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Es un tema recurrente en la traducción al español de documentos jurídicos redactados en ruso, sobre todo contratos: ¿cómo traducir el término “Arbitrazhniy sud” (Арбитражный суд)?

Si el traductor no tiene un mínimo conocimiento de la organización del sistema judicial ruso, puede optar por “Tribunal de arbitraje” o “Tribunal arbitral”, y entonces…la parte española pensará que sus eventuales controversias con la parte rusa las dirimirán unos árbitros, mientras que la parte rusa estará convencida de que sus disputas las conocerá un juzgado o tribunal, en ejercicio de la potestad jurisdiccional. No es menor la cuestión.

El problema radica en las distintas acepciones de los términos “arbitrazh” (арбитраж) en ruso y “arbitraje” en español.  He aquí lo que nos dice el Diccionario Básico Jurídico (Editorial Comares, 2009):

arbitraje. Institución mediante la cual “las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materia de su libre disposición conforme a d.º.”  Se trata de una institución actualmente regulada en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Ahora vamos al Gran Diccionario Jurídico de A.B.Borísov (Editorial Knizhnyi mir, Moscú, 2012), donde nos encontramos con dos acepciones completamente distintas para el término arbitrazh, que aquí resumo:

1) medio de resolución de cuestiones litigiosas en materia económica o laboral, consistente en que las partes someten dichas cuestiones a la decisión de árbitros elegidos por las mismas partes o nombrados con arreglo a un convenio arbitral, o bien nombrados con arreglo al procedimiento previsto en una ley (…)

2) sistema de órganos jurisdiccionales de la Federación Rusa, a cuyo cargo está la resolución de los litigios de carácter económico (…) 

En su segunda acepción, el “arbitrazh” viene a ser, de modo sucinto, el orden en el que se conocen litigios entre personas jurídicas, autónomos, y administraciones públicas, siempre que medie el ejercicio de una actividad empresarial u otra actividad con ánimo de lucro. Es en el “arbitrazhniy sud” donde las empresas resuelven sus disputas contractuales, y allí también se conocen los concursos de acreedores, o las disputas con la administración, entre otras cuestiones. Sus atribuciones entran fundamentalmente en lo que en España conocemos como orden civil, pero incluye también cuestiones propias del orden contencioso-administrativo. Si una empresa española tiene una controversia en Rusia con una empresa local, de esta conocerá el “arbitrazhniy sud”. Si las partes convinieron en su contrato que sus eventuales disputas las dirimirían uno o varios árbitros, entonces se someterá el asunto al третейский суд (“treteyskiy sud”) o tribunal arbitral.

Si la versión rusa del contrato habla de someter los litigios a “arbitrazh”, esto se entenderá en referencia al arbitraje, pero si se habla del “arbitrazhniy sud”, queda claro que es algo totalmente distinto del arbitraje tal y como éste se entiende en España.

Espero que haya quedado claro. En el examen de la convocatoria de 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores para traductor-intérprete jurado aparecía este término de “arbitrazhniy sud” (se trataba de traducir diversos artículos del Código Procesal Civil ruso), y a veces pienso que quien eligió el texto sabía que contenía un término de traducción no evidente, pese a las apariencias….

 

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